El Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz celebra el rápido pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de la causa donde tramitaban los cuestionamientos contra la sanción de la Ley Provincial Nº 3949 que dispuso la ampliación del número de vocales del Tribunal Superior de Justicia; poniendo así fin a un escenario de incertidumbre e inseguridad jurídica que afectaba gravemente a los justiciables, a la abogacía y al conjunto de los operadores del sistema judicial.
Cabe recordar que este Colegio, conjuntamente con la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), había solicitado expresamente al Máximo Tribunal Nacional una pronta resolución de la causa, ante la necesidad institucional de restablecer previsibilidad, seguridad jurídica y normal funcionamiento del sistema de administración de justicia provincial.
No obstante ello, desde este Colegio entendemos necesario señalar que la resolución de los cuestionamientos relativos a la integración del Tribunal Superior de Justicia no agota ni resuelve la profunda crisis que atraviesa actualmente el servicio de justicia en nuestra provincia.
La situación de demora e inconvenientes estructurales que padecía el sistema de justicia se vio agravada por las medidas de fuerza llevadas adelante por los trabajadores judiciales, lo que ha llevado a una virtual paralización de los procesos, ocasionando severos perjuicios a nuestros matriculados y a los justiciables santacruceños, quienes ven demoradas o frustradas sus posibilidades de acceso a una respuesta jurisdiccional oportuna y eficaz. Esta realidad impacta de manera directa sobre derechos fundamentales y compromete seriamente el acceso a justicia.
Frente a este escenario, el Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz insta a todos los actores institucionales involucrados a asumir con responsabilidad la gravedad de la situación y, particularmente, convoca a la totalidad de los vocales del Tribunal Superior de Justicia a conformar de manera urgente una mesa de diálogo institucional amplia y permanente, que permita abordar integralmente la situación del sistema judicial provincial.
Resulta imprescindible avanzar en consensos que posibiliten recuperar el normal funcionamiento del servicio de justicia, garantizar condiciones adecuadas para los abogados y para todos los operadores judiciales y asegurar a los justiciables santacruceños una tutela judicial efectiva, continua y eficiente, conforme los estándares constitucionales vigentes.