El 20 de agosto de 2026 se formalizó un paso fundamental en la consolidación institucional del Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz (CPASC): el traspaso definitivo de las competencias vinculadas al gobierno de la matrícula y al ejercicio de la potestad disciplinaria sobre la abogacía, hasta entonces ejercidas por el Tribunal Superior de Justicia.
En el marco de este acto, el Secretario de Superintendencia y Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia, Dr. Matías Neil, hizo entrega al Colegio de la documentación, libros y registros originales correspondientes a la matrícula de abogados y abogadas de la Provincia, dando cumplimiento a lo previsto por el artículo 66 de la Ley Provincial N.º 3913 y el artículo 10 del Anexo I del Decreto Provincial N.º 0526/25. En representación del CPASC recibió la documentación su Presidenta, Dra. Diana Huerga Cuervo, estando presentes el Tesorero del Colegio, Dr. Pablo Kairuz, y el Coordinador de Comisiones, Dr. Javier Stoessel; dejándose constancia del acto con intervención de la escribana Adriana Leticia López.
La concreción del traspaso implica que el CPASC cuenta ya con la totalidad de las competencias legales vinculadas a la matriculación y al control ético-disciplinario del ejercicio profesional, completándose así una instancia esencial del proceso de implementación de la colegiación legal en Santa Cruz.
De este modo, los propios abogados y abogadas, a través de los órganos democráticamente constituidos del Colegio, asumen la responsabilidad institucional del otorgamiento de la matrícula, como asimismo de velar por el adecuado ejercicio de la profesión, el cumplimiento de sus deberes éticos y la protección de los valores que sustentan el ejercicio de la abogacía.
Particular trascendencia reviste la transferencia de la potestad disciplinaria, por constituir uno de los pilares del autogobierno profesional. El juzgamiento de la conducta ética de los abogados y abogadas deja de encontrarse bajo la órbita disciplinaria del Tribunal Superior de Justicia y pasa a desarrollarse en el ámbito del propio Colegio, a través de un Tribunal de Disciplina integrado por pares, con sujeción a las normas éticas y procedimientos previamente establecidos y con pleno resguardo del debido proceso y del derecho de defensa.
Este nuevo esquema fortalece la autonomía e independencia de la abogacía respecto de los órganos jurisdiccionales ante los cuales ejerce cotidianamente su función profesional, al tiempo que coloca en la propia profesión organizada la responsabilidad de velar por el cumplimiento de sus deberes éticos.
Con este traspaso se concreta el sistema de colegiación establecido por la Ley N.º 3913: una abogacía que gobierna democráticamente su matrícula, ejerce responsablemente el control ético de sus pares y cuenta con una institución propia para defender un ejercicio profesional independiente, digno y responsable.
