En el día de la fecha el Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz realizó presentación ante el Tribunal Superior de Justicia a los fines de trasladar una serie de quejas recibidas por colegas matriculados con relación a inconvenientes y afectaciones en el ejercicio profesional que han sufrido en distintos procesos por las medidas de fuerza llevadas a cabo por los empleados del Poder Judicial; solicitando se arbitren las medidas pertinentes a los fines de garantizar el adecuado funcionamiento del servicio de justicia.
Se informó de la existencia de juzgados y defensorías sin atención a los letrados y a los justiciables, y sin que se brinde información alguna; lo que claramente vulnera el acceso a la jurisdicción.
Asimismo, se trasladó la preocupación por la situación que se verifica en algunos procesos de familia, donde nos han informado no sólo de la suspensión de audiencias, sino también las suspensiones de Cámaras Gesell y de supervisiones de regímenes de contacto por parte del Cuerpo Pericial de Trabajadores Sociales; cuestiones que entendemos revisten especial gravedad, pues se ponen en riesgo los derechos de niños, niñas y adolescentes, sujetos de especial tutela constitucional (art. 72 inc. 22 CN, Convención sobre los Derechos del Niño), y que entendemos deben ser rápidamente solucionadas.
Por lo expuesto es que el CPASC solicitó que se asegure el adecuado funcionamiento del servicio de justicia, garantizándose el acceso a la jurisdicción y la tutela judicial efectiva (arts. 8 y 25 CADH); requiriendo que se establezcan las medidas pertinentes tendientes a asegurar la atención en todos los juzgados y defensorías de la Provincia, como asimismo que los magistrados y funcionarios garanticen la toma de audiencias en todos los procesos – máxime en las causas de familia-; como asimismo que se asegure la realización de las intervenciones de los cuerpos periciales en los procesos donde hay menores involucrados.-