El Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz informa a sus matriculadas y matriculados que, en el día de la fecha, se presentó una nota formal ante la Excma. Cámara Civil, Laboral, Comercial, de Minería y de Familia de la Segunda Circunscripción Judicial, solicitando su urgente intervención institucional frente a la suspensión de audiencias previstas en el marco del artículo 631 del CPCC, así como ante la falta de pronta reprogramación de audiencias ya suspendidas.
La presentación responde a la preocupación transmitida por profesionales en ejercicio de la abogacía, quienes al completar los formularios de quejas dispuestos por nuestro Colegio en la página institucional, advirtieron esta situación, que afecta directamente la regularidad del servicio de justicia, la tutela judicial efectiva, el derecho de defensa de las partes y el adecuado ejercicio profesional.
Desde el Colegio se dejó expresamente planteado que, aun reconociendo el contexto gremial y las dificultades operativas que pudieran existir, ello no puede traducirse en una paralización del proceso, especialmente cuando se trata de audiencias necesarias para el avance regular de los procesos y, en particular, de los procesos de familia.
En ese marco, se solicitó a la Cámara que arbitre las medidas necesarias para: garantizar la continuidad del servicio de justicia, debiendo en su caso los magistrados y funcionarios recibir las audiencias; asegurar previsibilidad procesal razonable para las partes y sus letrados; implementar mecanismos de contingencia para cumplir los actos procesales indispensables; garantizar la realización de las audiencias ya programadas; y asegurar el avance de los procesos de familia, especialmente aquellos vinculados a niñas, niños y adolescentes, situaciones de seguridad personal y denuncias de violencia de género.
El Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz reafirma su rol institucional en la defensa de los intereses de la matrícula y de la ciudadanía que representa, procurando que el ejercicio profesional pueda desarrollarse en condiciones de previsibilidad, regularidad y respeto por las garantías procesales, como asimismo, en protección de los intereses de los justiciables.
La abogacía cumple una función esencial en el sistema de justicia. Por ello, cuando se afecta el normal desarrollo de los procesos, también se compromete el trabajo profesional de quienes patrocinan, representan y defienden derechos todos los días.