Mediante la Resolución inscripta al T°CLXIX R°143 de fecha 27/2/2026, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz ha aprobado el “Protocolo de Directrices para el Uso Responsable de Inteligencia Artificial en el Poder Judicial de Santa Cruz”, incorporando así un marco formal para la utilización de herramientas de inteligencia artificial dentro del ámbito judicial.
Dicho instrumento reconoce de manera expresa la incorporación de nuevas tecnologías al funcionamiento del sistema de justicia, pero lo hace bajo pautas que, al menos en su formulación, procuran resguardar principios esenciales del debido proceso, la transparencia, la protección de datos personales y la responsabilidad de los operadores humanos.
El protocolo parte de la premisa que la inteligencia artificial puede ofrecer utilidades concretas para mejorar la eficiencia y la organización del trabajo judicial, pero también puede generar riesgos serios, tales como sesgos, errores, respuestas inexactas, afectación de derechos fundamentales y tratamiento inadecuado de información sensible. En ese marco, el documento aprobado establece que toda utilización de IA debe quedar subordinada al control humano, a la revisión crítica de sus resultados y al respeto irrestricto de las garantías constitucionales y convencionales.
Entre sus aspectos más importantes, el protocolo dispone que los resultados arrojados por sistemas de inteligencia artificial tienen carácter referencial y complementario, y que se encuentra estrictamente prohibido delegar en estas herramientas la toma de decisiones. Asimismo, exige que toda salida generada por IA sea verificada, contrastada con fuentes confiables y revisada por operadores con la capacitación suficiente para comprender sus alcances, limitaciones y eventuales errores.
También reviste especial importancia lo referido a la protección de datos personales, confidenciales y sensibles, ya que el protocolo impone recaudos específicos para evitar el uso irreflexivo de información protegida en plataformas o sistemas de IA. Del mismo modo, se establecen directrices vinculadas con la transparencia, la explicabilidad de los sistemas y la rendición de cuentas de quienes los utilicen.
La incorporación de estas tecnologías abre un debate necesario e impostergable. Como institución representativa de la abogacía santacruceña, reafirmamos nuestro compromiso de participar activamente en ese proceso, velando siempre por la defensa del debido proceso, la tutela judicial efectiva, la ética profesional y el adecuado funcionamiento del sistema de justicia.
El Colegio Público de la Abogacía continuará analizando en profundidad la implementación práctica de este protocolo, sus alcances concretos y su eventual impacto en el ejercicio profesional.
