El Directorio del Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz expresa su profunda preocupación institucional ante la situación generada con motivo de la sanción de la Ley Provincial Nº 3949, que dispuso la ampliación del número de vocales del Tribunal Superior de Justicia, la posterior jura de cuatro nuevos vocales y la subsiguiente judicialización de dicha norma, la cual —a más de cinco meses de iniciada— carece de resolución definitiva.
La situación se ve agravada por la existencia de un conflicto público en torno a la titularidad de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, con dos vocales que se consideran investidos de tal carácter y actúan en consecuencia.
La controversia descripta reviste inequívoca gravedad institucional, en tanto involucra la integración y conducción del órgano máximo del Poder Judicial provincial, uno de los tres poderes del Estado. Es que al encontrarse controvertida la regularidad institucional del TSJ, la afectación trasciende a las partes involucradas y compromete la plena vigencia del Estado de Derecho.
Esta incertidumbre respecto de la integración válida del Tribunal Superior impacta directamente sobre la seguridad jurídica, la confianza legítima de los justiciables y la eficacia de las decisiones jurisdiccionales.
Ello adquiere particular relevancia cuando se advierte que se encuentran en juego sentencias dictadas en materia penal, civil y contencioso-administrativa, cuya eventual impugnación por cuestionamientos a la integración del órgano decisor genera un escenario de inseguridad incompatible con el principio de tutela judicial efectiva (art. 18 CN; arts. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con jerarquía constitucional en virtud del art. 75 inc. 22 CN).
En este contexto, la situación afecta de manera directa el ejercicio profesional de la abogacía, en tanto los abogados y abogadas del foro nos vemos compelidos a litigar en un escenario de incertidumbre estructural que incide en la estrategia procesal, en la estabilidad de las decisiones, en la demora de los procesos y en la previsibilidad del sistema jurídico en su conjunto.
Este Directorio reafirma el rol de la colegiación legal en pos de resguardar el correcto ejercicio de la profesión en función del interés público comprometido, que entendemos implica velar por el adecuado funcionamiento del servicio de justicia, asegurando estándares institucionales que garanticen el debido proceso, el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva; contribuyendo de este modo al fortalecimiento del Estado de Derecho.
En ese marco, en primer lugar exhortamos a los tres poderes del Estado a ajustar su actuación a los límites marcados por la Constitución Provincial, y los principios republicanos y democráticos de Gobierno; resaltando la necesidad de una actuación responsable y acorde a la función constitucional que ejercen, privilegiando una solución institucional que restablezca con urgencia la certeza sobre la integración y funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia.
Asimismo, ante la existencia de recursos extraordinarios federales ya interpuestos por distintas partes en la causa donde tramita el caso descripto, y de una queja por denegación del remedio federal actualmente sustanciándose ante la CSJN; y siendo evidente la necesidad de pronta resolución por parte del máximo órgano judicial de la nación de esta controversia institucional que pone en vilo la actuación de la cabeza del Poder Judicial Provincial; es que solicitamos la pronta resolución de los recursos extraordinarios en trámite de admisibilidad local, así como la urgente resolución del recurso de queja actualmente en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en atención a la gravedad institucional y a la necesidad de preservar la seguridad jurídica y la regularidad del servicio de justicia.
Este Directorio hace saber a los colegas del foro que asume el compromiso de adoptar las acciones institucionales consecuentes para instar el urgente cese del estado de incertidumbre e inseguridad jurídica descripto; y se informa a los matriculados que, a través de la Comisión de Administración de Justicia y Defensa del Ejercicio Profesional, podrán poner en conocimiento las afectaciones en su desempeño profesional verificadas en procesos concretos como consecuencia de la situación antes señalada, a los fines de su adecuado tratamiento.